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Proyecto de ley de Hidrocarburos - Pcia de Bs As

El siguiente proyecto de ley fue presentado por la Diputada Mónica López

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SANCIONAN CON FUERZA DE LEY


TITULO I
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES


Artículo 1º: Los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, como así también toda otra fuente natural de energía sólida, líquida y gaseosa situada en suelo y subsuelo, pertenecen al dominio originario, público, imprescriptible, inalienable y exclusivo del Estado Provincial.

Artículo 2º: Declárense de prioritaria necesidad la promoción, desarrollo y ejecución en el territorio provincial de planes destinados a incrementar racionalmente la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos, incluyendo sus derivados, para contribuir al autoabastecimiento interno y asegurar contar con un adecuado margen de reservas, promoviéndose el desarrollo pleno de la industria petroquímica, la obtención de saldos exportables, y la industrialización de los recursos en su lugar de origen.

Artículo 3º: El Poder Ejecutivo Provincial tendrá a su cargo la formulación y el desarrollo de los planes destinados a promover las actividades relativas a la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos y derivados, con la debida protección del ambiente.

Artículo 4º: Las actividades objeto de la presente ley podrán ser efectuadas por personas físicas o jurídicas de Derecho Público, Privado, o mixtas que cumplan con las condiciones formales y sustanciales que se establecen en la presente ley y su reglamentación.
Los interesados para actuar en la Provincia deberán constituir domicilio en ésta y acreditar solvencia técnica y económico-financiera para la actividad que emprenden, en los términos que establezca la reglamentación, como asimismo cumplimentar otros requisitos de registro que establece la presente ley y las que se establezca en su reglamentación.

Artículo 5º: En aquellos aspectos no previstos por la presente norma será de aplicación supletoria la Ley Nº 17.319, Ley Nº 24.145, Ley Nº 26.197, sus concordantes, supletorias, sus decretos y demás normas reglamentarias, dictadas hasta la sanción de la presente ley.

Artículo 6º: Declárase al Poder Ejecutivo provincial como autoridad concedente para otorgar permisos de exploración y eventuales concesiones de explotación de hidrocarburos, a quien le competerá, en forma privativa, la decisión sobre las siguientes materias:
a) Determinar las zonas en las cuales interesa promover las actividades hidrocarburíferas.
b) Otorgar permisos y concesiones, prorrogar sus plazos y autorizar sus cesiones.
c) Estipular soluciones arbítrales y designar árbitros.
d) Anular concursos.
e) Determinar las zonas vedadas al reconocimiento superficial.
f) Aprobar la constitución de sociedades y otros contratos celebrados por las empresas estatales con terceros a los fines de la exploración y explotación de las zonas que determine.
g) Declarar la caducidad o nulidad de permisos y concesiones.

Artículo 7º: A los fines de la exploración y explotación de hidrocarburos, quedan establecidas las siguientes categorías de áreas:
1. Probadas: las que correspondan con trampas estructurales, sedimentarias o estratigráficas donde se haya comprobado la existencia de hidrocarburos que puedan ser comercialmente explotables.
2. Posibles: las no comprendidas en las categorías "Probadas"
2. a. “De alto riesgo exploratorio”: son aquellas que presentan gran complejidad geológica. Las áreas comprendidas en esta categoría estarán contempladas en programas específicos a ser instrumentados por vía reglamentaria, que incluirán los mecanismos que posibiliten acceder a las mismas a los permisionarios o concesionarios.
Artículo 8º: La Autoridad de Aplicación deberá imponer en los pliegos de bases de las licitaciones, condiciones que incentiven la incorporación de mano de obra local, su capacitación y la prestación de servicios e insumos locales.

Artículo 9º: Los titulares de los derechos de explotación tendrán la libre disponibilidad sobre los hidrocarburos que extraigan y podrán transportarlos, industrializarlos y comercializarlos, así como sus derivados, sin perjuicio del cumplimiento de las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo Provincial sobre bases técnico-económicas que contemplen una razonable fluidez de abastecimiento y rentabilidad en el mercado interno y estimulen la exploración y explotación de hidrocarburos. La autoridad de aplicación de la presente Ley intervendrá en todas las operaciones de hidrocarburos o derivados extraídos u obtenidos en el territorio provincial, o procesados, almacenados o transportados en o por el territorio provincial, y establecerá los criterios técnico- económicos de racionalidad y equidad que regirán las operaciones. La producción de gas natural y la comercialización y distribución de hidrocarburos gaseosos en la Provincia de Buenos Aires estará sujeta a las reglamentaciones de esta Ley que dicte el Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 9º Bis: Los titulares de los permisos de exploración o concesiones de explotación, transporte y almacenaje podrán efectuar esas actividades por sí o terceros, mediante contratos de locación de obras y/o servicios, integración, operación, formación, unión o vinculación transitoria de personas jurídicas o empresas o cualquier otra forma que autorice la normativa vigente. Será el titular del derecho y/o el o los terceros quienes en definitiva respondan solidariamente ante la Autoridad de Aplicación de la presente ley.

Artículo 10º: Los permisionarios y concesionarios están obligados a entregar a la Autoridad de Aplicación toda la información hidrogeológica recabada hasta los mil (1000) metros, muestras, análisis de laboratorios u otras que recaben en virtud de la actividad desarrollada. Dicha información deberá ser entregada dentro de los treinta (30) días de producida la misma.



CAPITULO II
APLICACIÓN E INTERPRETACION



Artículo 11º: La aplicación e interpretación de la presente Ley se ajustará a los siguientes principios de política energética y ambiental:
Desarrollo sostenible.
Equidad y solidaridad intrageneracional e intergeneracional.
Racionalidad en la explotación de los hidrocarburos como recursos naturales estratégicos no renovables.
Autarquía energética.
Planificación del desarrollo energético y optimización de la renta hidrocarburífera por parte del Estado.
Integración energética con las demás provincias argentinas y con países vecinos y articulación de la política de hidrocarburos con la Nación.

CAPITULO III
COMISION BICAMERAL


Artículo 12: Créase en el ámbito del Poder Legislativo de la Provincia una Comisión Bicameral integrada por tres representantes de la mayoría y dos de la minoría por cada una de las Cámaras que la componen con sede administrativa en la Secretaría Parlamentaria de la Honorable Cámara de Senadores, la que tendrá a su cargo:
El seguimiento y control de todo lo actuado por el Poder Ejecutivo como Poder Concedente y el Ministerio de Infraestructura como Autoridad de Aplicación. A cuyo fin se deberá poner en su conocimiento lo actuado, en cumplimiento de los Arts. 3°, 17° y 50° de esta ley, para que en plazo de diez días hábiles se expida; en caso de vencimiento de dicho plazo, la omisión en expedirse implica su aprobación, autorizando la continuidad del trámite. Asimismo, deberá someter a su aprobación lo actuado en cumplimiento de los Arts. 34º y 40° en cuanto al plazo y prórroga, 51°, 52°,53°,54° y 59°, para lo cual contará con un plazo de veinte (20) días hábiles desde que se la ha puesto en conocimiento para que se expida, siéndole aplicables las consecuencias previstas en el párrafo anterior para el caso de no expedirse en el plazo previsto. Este párrafo resulta aplicable para la aprobación de los pliegos licitatorios.










TITULO II
DERECHOS Y OBLIGACIONES PRINCIPALES


CAPITULO I
RECONOCIMIENTO SUPERFICIAL


Artículo 13º: Cualquier persona civilmente capaz puede hacer reconocimientos superficiales en busca de hidrocarburos en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, con excepción de las zonas cubiertas por permisos de exploración o concesiones de explotación, y de aquellas en las que el Poder Ejecutivo Provincial prohíba expresamente tal actividad. El reconocimiento superficial no genera derecho alguno con respecto a las actividades referidas en el Artículo 3º ni el de repetición contra el Estado Provincial de sumas invertidas en dicho reconocimiento. Los interesados en realizarlos deberán contar con la autorización previa del propietario superficiario y responderán por cualquier daño que le ocasionaran.


Artículo 14º: No podrán iniciarse trabajos de reconocimiento sin previa aprobación de la autoridad de aplicación. El permiso consignará el tipo de estudio a realizar, el plazo de su vigencia y los límites y extensión de las zonas donde serán realizados. El reconocimiento superficial autoriza a efectuar estudios geológicos y geofísicos y a emplear otros métodos orientados a la exploración petrolera, levantar planos, realizar estudios y levantamientos topográficos y geodésicos y todas las demás tareas y labores que se autoricen por vía reglamentaria. No se autoriza bajo ningún concepto la perforación de cualquier tipo de pozo. Al vencimiento del plazo del permiso, los datos primarios del reconocimiento superficial serán entregados a la autoridad de aplicación, la que podrá elaborarlos por sí o por terceros y usarlos de la manera que más convenga al interés provincial. No obstante, durante los dos (2) años siguientes no deberá divulgarlos, salvo que medie autorización expresa del interesado en tal sentido o adjudicación de permisos o concesiones en la zona reconocida. La autoridad de aplicación estará facultada para inspeccionar y controlar los trabajos inherentes a esta actividad.



CAPITULO II
PERMISO DE EXPLORACION


Artículo 15°: El permiso de exploración confiere el derecho exclusivo de ejecutar todas las tareas que requiera la búsqueda de hidrocarburos dentro del perímetro delimitado por el permiso y durante los plazos legalmente reconocidos al titular del derecho.
Artículo 16°: A todo titular de un permiso de exploración corresponde el derecho de obtener las concesiones exclusivas de explotación de los hidrocarburos que descubra en el perímetro delimitado por el permiso, con arreglo a las normas vigentes al tiempo de otorgarse este último.


Artículo 17°: Los permisos de exploración serán otorgados por el Poder Ejecutivo Provincial a las personas físicas o jurídicas que reúnan los requisitos formales y técnicos correspondientes definidos por la presente Ley y su reglamentación.
El máximo de cantidad de derechos de exploración simultáneos por titular de permiso será fijado por el Poder Ejecutivo.
Artículo 18°: El permiso de exploración autoriza la realización de los trabajos de reconocimiento y de todos aquellos que las mejores técnicas aconsejen, así como la perforación de pozos exploratorios, con las limitaciones establecidas por el Código de Minería en sus Artículos 31° y siguientes en cuanto a los lugares en que tales labores se realicen. El permiso autoriza, asimismo, a construir y emplear las vías de transporte y comunicación y los edificios o instalaciones que se requieran, todo ello con arreglo a lo establecido en el título III y las demás disposiciones que sean aplicables.
Artículo 19°: La adjudicación de un permiso de exploración obliga a su titular a deslindar el área en el terreno, a realizar los trabajos necesarios para localizar hidrocarburos con la debida diligencia y de acuerdo con las técnicas más eficientes y a efectuar las inversiones mínimas a que se haya comprometido para cada uno de los períodos que el permiso comprenda. En los contratos que se celebren de acuerdo a la presente Ley, las empresas contratistas deberán asumir todos los riesgos inherentes a la exploración de hidrocarburos, y se comprometerán a aportar a su exclusivo cargo la tecnología, capitales, equipos, maquinarias y demás inversiones que fueren necesarias para las operaciones que se desarrollen en el área objeto del contrato. Si la inversión realizada en cualquiera de los períodos fuera inferior a la comprometida, el permisionario deberá abonar al Estado la diferencia resultante, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. Si mediaren acreditadas y aceptadas dificultades técnicas a juicio de la autoridad de aplicación, podrá autorizarse la sustitución de dicho pago por el incremento de los compromisos establecidos para el período siguiente en una suma igual a la no invertida. La renuncia del permisionario al derecho de exploración le obliga a abonar al Estado Provincial el monto de las inversiones comprometidas y no realizadas que correspondan al período en que dicha renuncia se produzca. Si en cualquiera de los períodos las inversiones correspondientes a trabajos técnicamente aceptables superaran las sumas comprometidas, el permisionario podrá reducir en un importe igual al excedente las inversiones que correspondan al período siguiente, siempre que ello no afecte la realización de los trabajos indispensables para la eficaz exploración del área. Cuando el permiso de exploración fuera parcialmente convertido en concesión de explotación, la autoridad de aplicación podrá admitir que hasta el cincuenta por ciento (50%) del remanente de la inversión que corresponda a la superficie abarcada por esa transformación sea destinado a la explotación de la misma, siempre que el resto del monto comprometido incremente la inversión pendiente en el área de exploración.
Artículo 20°: El permisionario que descubriere hidrocarburos deberá efectuar dentro de los treinta (30) días, bajo apercibimiento de incurrir en las sanciones establecidas en el título VII, la correspondiente denuncia ante la autoridad de aplicación. Podrá disponer de los productos que extraiga en el curso de los trabajos exploratorios, pero mientras no dé cumplimiento a lo exigido en el Artículo 21° no estará facultado para proceder a la explotación del yacimiento. Los hidrocarburos que se extraigan durante la exploración estarán sometidos al pago de una regalía del quince por ciento (15%).
Artículo 21°: Dentro de los treinta (30) días de la fecha en que el permisionario, de conformidad con criterios técnico-económicos aceptables, determine que el yacimiento descubierto es comercialmente explotable, deberá declarar ante la autoridad de aplicación su voluntad de obtener la correspondiente concesión de explotación, observando los recaudos consignados en el Artículo 32°, párrafo segundo. La concesión deberá otorgársele dentro de los sesenta (60) días siguientes y el plazo de su vigencia se computará en la forma que establece el Artículo 34°. El omitir la precitada declaración u ocultar la condición de comercialmente explotable de un yacimiento, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el 77°. El otorgamiento de la concesión no comporta la caducidad de los derechos de exploración sobre las áreas que al efecto se retengan durante los plazos pendientes.
Artículo 22°: Los plazos de los permisos de exploración serán fijados en cada concurso con los máximos siguientes, de acuerdo a la clasificación del Artículo 7º:
• Categoría Área 1: Probadas, no se otorgan permisos de exploración.
• Categoría Área 2: Posibles, plazo básico: primer período, hasta cuatro (4) años; segundo período, hasta tres (3) años, y tercer período, hasta dos (2) años.
• Categoría Área 2.a: De alto riesgo, plazo básico: primer período, hasta seis (6) años; segundo período, hasta cuatro (4) años, y tercer período, hasta tres (3) años.
• Período de prórroga para todas las categorías hasta un (1) año. La prórroga prevista en este artículo es facultativa para el permisionario, que debe justificarla técnicamente y gestionarla ante la autoridad de aplicación con razonable antelación.
La transformación parcial del área del permiso de exploración en concesión de explotación realizada antes del vencimiento del plazo básico del permiso, conforme a lo establecido en el Artículo 21°, autoriza a adicionar al plazo de la concesión el lapso no transcurrido del permiso de exploración, excluido el término de la prórroga. En cualquier momento el permisionario podrá renunciar a toda o parte del área cubierta por el permiso de exploración, sin perjuicio de las obligaciones prescriptas en el Artículo 19°.
Artículo 23°: Podrán otorgarse permisos de exploración en todas las áreas clasificadas según el Artículo 7º, excepto las "Probadas". La unidad de exploración tendrá una superficie mínima de cien kilómetros cuadrados (100 km2).
Artículo 24°: Los permisos de exploración abarcarán áreas cuya superficie no exceda de cien (100) unidades. La Provincia otorgará los permisos de exploración contemplando que se evite la concentración irrazonable de los mismos y las prácticas monopólicas.
Artículo 25°: Al fenecer cada uno de los períodos primero y segundo del plazo básico de un permiso de exploración, el permisionario reducirá su área, como mínimo, al cincuenta por ciento (50%) de la superficie remanente del permiso al concluir el respectivo período. El área remanente será igual a la original menos las superficies restituidas con anterioridad o transformadas en lotes de una concesión de explotación. Al término del plazo básico el permisionario restituirá el total del área remanente, salvo si ejercitara el derecho de utilizar el período de prórroga, en cuyo caso dicha restitución quedará limitada al cincuenta por ciento (50%) del área remanente antes del fenecimiento del último período de dicho plazo básico.




CAPITULO III
CONCESIONES DE EXPLOTACION

Artículo 26°: La concesión de explotación confiere el derecho exclusivo de explotar los yacimientos de hidrocarburos que existan en las áreas comprendidas en el respectivo título de concesión durante el plazo que fija el Artículo 34°.
Artículo 27°: A todo titular de una concesión de explotación corresponde el derecho de obtener una concesión para el transporte de sus hidrocarburos, sujeta a lo determinado en el Capitulo IV del presente título.
Artículo 28°: Las concesiones de explotación serán otorgadas por el Poder Ejecutivo a las personas físicas o jurídicas que ejerciten el derecho acordado por el Artículo 16°, cumpliendo las formalidades consignadas en el Artículo 21°. El Poder Ejecutivo Provincial, además, podrá otorgar concesiones de explotación sobre zonas "Probadas" a quienes reúnan los requisitos y observen los procedimientos especificados por el Capítulo V del presente título. Esta modalidad de concesión no implica en modo alguno garantizar la existencia en tales áreas de hidrocarburos comercialmente explotables.
Artículo 29°: La concesión de explotación autoriza a realizar, dentro de los límites especificados en el respectivo título, los trabajos de búsqueda y extracción de hidrocarburos conforme a las más racionales y eficientes técnicas; y dentro y fuera de tales límites, aunque sin perturbar las actividades de otros permisionarios o concesionarios, autoriza asimismo a construir y operar plantas de tratamiento y refinación, sistemas de comunicaciones y de transportes generales o especiales para hidrocarburos, edificios, depósitos, campamentos y, en general, cualesquiera otras obras y operaciones necesarias para el desarrollo de sus actividades. Todo lo anteriormente autorizado lo será con arreglo a lo dispuesto por esta y otras leyes, decretos y reglamentaciones de aplicación al caso.
Artículo 30°: Todo concesionario de explotación está obligado a efectuar las inversiones que sean necesarias para la ejecución de los trabajos que exija el desarrollo de toda la superficie abarcada por la concesión, con arreglo a las más racionales y eficientes técnicas y en correspondencia con la característica y magnitud de las reservas comprobadas, asegurando la máxima producción de hidrocarburos compatible con la explotación adecuada y económica del yacimiento y la observancia de criterios que garanticen una conveniente conservación de las reservas.
Artículo 31°: Dentro de los noventa (90) días de haber formulado la declaración a que se refiere el Artículo 21°, y posteriormente en forma periódica, el concesionario someterá a la aprobación de la autoridad de aplicación los programas de desarrollo y compromisos de inversión correspondientes a cada uno de los lotes de explotación. Tales programas deberán cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 30 y ser aptos para acelerar en todo lo posible la delimitación final de área de concesión con arreglo al Artículo 32°.


Artículo 32°: Cada uno de los lotes abarcados por una concesión deberá coincidir lo más aproximadamente posible con todo o parte de trampas productivas de hidrocarburos comercialmente explotables. El concesionario deberá practicar la mensura de cada uno de dichos lotes, debiendo reajustar sus límites conforme al mejor conocimiento que adquiera de las trampas productivas. En ningún caso los límites de cada lote podrán exceder el área retenida del permiso de exploración.
Artículo 33°: El área máxima de la concesión de explotación que no provenga de un permiso de exploración, será de doscientos cincuenta kilómetros cuadrados (250 km2). La Provincia otorgará las concesiones de explotación contemplando que se evite la concentración irrazonable de los mismos y las prácticas monopólicas.
Artículo 34°: Las concesiones de explotación tendrán una vigencia de veinticinco (25) años a contar desde la fecha de la resolución que las otorgue, con más los adicionales que resulten de la aplicación del Artículo 22°. El Poder Ejecutivo Provincial podrá prorrogarlas por hasta diez (10) años, en las condiciones que se establezcan al otorgarse la prórroga y siempre que el concesionario haya dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes de la concesión.
La respectiva solicitud deberá efectuarse hasta dos (2) años antes del vencimiento del plazo original, debiendo demostrar que el horizonte de reservas explotables racionalmente se extenderá más allá de la vigencia de la concesión y que se efectuaron en el período de los tres (3) años anteriores a la presentación, inversiones por un mínimo de un pozo por año.
Artículo 35°: La autoridad de aplicación vigilará el cumplimiento por parte de los concesionarios de las obligaciones que esta Ley les asigna, conforme a los procedimientos que fije la reglamentación. Vigilará, asimismo, que no se causen perjuicios a los permisionarios o concesionarios vecinos, y de no mediar acuerdo entre las partes, impondrá condiciones de explotación en las zonas limítrofes de las concesiones.
Artículo 36°: La reversión total o parcial al Estado Provincial de uno (1) o más lotes de una concesión de explotación comportará la transferencia a su favor, sin cargo alguno, de pleno derecho y libre de todo gravamen de los pozos respectivos con los equipos e instalaciones normales para su operación y mantenimiento y de las construcciones y obras fijas o móviles incorporadas en forma permanente al proceso de explotación en la zona de la concesión. Se excluyen de la reversión al Estado Provincial los equipos móviles no vinculados exclusivamente a la producción del yacimiento y todas las demás instalaciones relacionadas al ejercicio por el concesionario de los derechos de industrialización y comercialización que le atribuye el Artículo 9º o de otros derechos subsistentes. No se otorgará libre deuda en caso de reversión total o parcial, si no se acompaña toda la información geológica y geofísica del lote revertido. Asimismo, será necesaria la aprobación definitiva del informe de impacto ambiental por parte de la autoridad de aplicación en esa materia, incluyendo las soluciones aplicables al saneamiento y remediación de los pasivos ambientales a que hubiere lugar.
Artículo 37°: El concesionario de explotación que en el curso de los trabajos autorizados en virtud de esta Ley descubriera sustancias minerales no comprendidas en este ordenamiento, tendrá el derecho de extraerlas y apropiárselas; cumpliendo en cada caso, previamente, con las obligaciones que el Código de Minería establece para el descubridor ante la autoridad minera provincial. Cuando en el área de una concesión de explotación terceros ajenos a ella descubrieran sustancias de primera o segunda categoría, el descubridor podrá emprender trabajos mineros, siempre que no perjudiquen los que realiza el explotador. Caso contrario, y a falta de acuerdo de partes, la autoridad de aplicación, con audiencia de la autoridad minera jurisdiccional, determinará la explotación a que debe acordarse preferencia, si no fuera posible el trabajo simultáneo de ambas. La resolución respectiva se fundará en razones de interés provincial y no obstará al pago de las indemnizaciones que correspondan por parte de quien resulte beneficiario. Para las sustancias de tercera categoría es de aplicación el Código de Minería. Cuando el propietario de una mina, cualesquiera sea la categoría de las sustancias, hallare hidrocarburos, sin perjuicio de disponer de los mismos únicamente en la medida requerida por el proceso de extracción y beneficio de los minerales, lo comunicará a la autoridad de aplicación dentro de los quince (15) días del hallazgo, a fin de que decida sobre el particular conforme a la presente Ley.

CAPITULO IV
CONCESIÓN ES DE TRANSPORTE
Artículo 38°: La concesión de transporte confiere, durante los plazos que fija el Artículo 40°, el derecho de trasladar hidrocarburos y sus derivados por medios que requieran instalaciones permanentes, pudiéndose construir y operar a tal efecto oleoductos, gasoductos, poliductos, plantas de almacenaje y de bombeo o compresión; viales y férreas; infraestructuras de aeronavegación y demás instalaciones y accesorios necesarios para el buen funcionamiento del sistema con sujeción a la legislación general y normas técnicas vigentes.
Artículo 39°: Las concesiones de transporte serán otorgadas por el Poder Ejecutivo Provincial a las personas físicas o jurídicas que reúnan los requisitos y observen los procedimientos que especifica el Capítulo V. Los concesionarios de explotación que, ejercitando el derecho conferido por el Artículo 27°, dispongan la construcción de obras permanentes para el transporte de hidrocarburos que excedan los límites de alguno de los lotes concedidos, estarán obligados a constituirse en concesionarios de transporte, ajustándose a las condiciones y requisitos respectivos, cuya observancia verificará la autoridad de aplicación. Cuando las aludidas instalaciones permanentes no rebasen los límites de alguno de los lotes de la concesión, será facultativa la concesión de transporte y, en su caso, el plazo respectivo será computado desde la habilitación de las obras.
Artículo 40°: Las concesiones a que se refiere el presente Capitulo serán otorgadas por un plazo de treinta (30) años a contar desde la fecha de adjudicación, pudiendo el Poder Ejecutivo, a petición del titular, prorrogarlos por diez (10) años más con resolución fundada. Vencido dicho plazo, las instalaciones pasarán al dominio del Estado Provincial, sin cargo y gravamen alguno y de pleno derecho. Los transportistas independientes deberán prestar el servicio en condiciones de acceso abierto y no discriminatorio. Cualquier persona física o jurídica que realice las actividades previstas en el Artículo 3º, podrá obtener una concesión de transporte para vincular sus instalaciones o las de terceros, rigiéndose en cuanto a la modalidad de operación por lo dispuesto en el Artículo 42° de la presente Ley. Los pedidos de concesiones de transporte solicitados por el titular de un permiso de exploración o concesionario de explotación que excedan los límites del área original, deberán ser analizados y aprobados por la autoridad de aplicación.

Artículo 41°: Las concesiones de transporte en ningún caso implicarán un privilegio de exclusividad que impida al Poder Ejecutivo Provincial otorgar iguales derechos a terceros en la misma zona.
Artículo 42°: Mientras sus instalaciones tengan capacidad vacante y no existan razones técnicas que lo impidan, los concesionarios estarán obligados a transportar los hidrocarburos de terceros sin discriminación de personas y al mismo precio para todos en igualdad de circunstancias, pero esta obligación quedará subordinada, sin embargo, a la satisfacción de las necesidades del propio concesionario. La autoridad de aplicación establecerá normas de coordinación y complementación de los sistemas de transporte. Los contratos de concesión especificarán las bases para el establecimiento de las tarifas y condiciones de la prestación del servicio de transporte. En caso de optarse por el pago en especie de la regalía establecida en el Artículo 55°, los concesionarios tendrán la obligación de poner a disposición de la autoridad de aplicación, sin restricción ni dilación alguna, la capacidad de transporte necesaria a los efectos de transportar los volúmenes a entregar.
Artículo 43°: En todo cuanto no exista previsión expresa en esta Ley, su reglamentación a los respectivos contratos de concesión, con relación a transporte de hidrocarburos fluidos por cuenta de terceros, serán de aplicación las normas que rijan los transportes.


CAPITULO V
ADJUDICACIONES

Artículo 44°: La Autoridad de Aplicación deberá elaborar los pliegos licitatorios y efectuar los concursos públicos o licitaciones necesarias, a los efectos de dar cumplimiento con los objetivos trazados en la presente ley. En los pliegos de bases deben establecerse condiciones que incentiven y permitan la participación de empresas con radicación en la Provincia, en las etapas de exploración y explotación de hidrocarburos conforme las pautas del régimen provincial de contratación pública y estímulo a la inversión en cuanto sea pertinente a la actividad hidrocarburífera.
Artículo 45°: Toda persona que presente ofertas o efectúe actividades relacionadas con la presente ley deberá inscribirse en el Registro de Empresas Operadoras de la Provincia de Buenos Aires que a tal fin se crea, en el ámbito de la Autoridad de Aplicación.
No podrán inscribirse las personas jurídicas de derecho público extranjero en calidad de tales.

Artículo 46°: Toda adjudicación de derechos emanados de la presente ley, será registrada y protocolizada ante el Escribano Mayor de Gobierno, constituyendo el asiento, titulo formal del derecho otorgado.









CAPITULO VI
TRIBUTOS

Artículo 47°: Los titulares de los permisos de exploración y concesiones de explotación están obligados al pago de todos los tributos provinciales y municipales existentes a la fecha de la adjudicación. Durante la vigencia de los derechos otorgados, la Provincia no gravará estas actividades con nuevos tributos ni aumentará la carga existente, para lo cual se invita a los Municipios a adherir la presente Ley.
Los tributos nacionales están expresamente excluidos del mandato antecedente.

Artículo 48°: Quedan exentos del pago de Impuesto a los Sellos los actos, contratos u operaciones de carácter oneroso que se ejecuten en el territorio de la Provincia, que consten en instrumentos públicos o instrumentos jurídicos cuyo objeto directo sean las operaciones reguladas por la presente Ley.
Esta exención no incluye las operaciones societarias, de asociación u otras relacionadas con las personas físicas o jurídicas o los bienes muebles o inmuebles indirectamente relacionados con la actividad que realizan.

Artículo 49°: No serán gravadas por el impuesto a Ingresos Brutos en la etapa de exploración y explotación, a partir de la sanción de la presente ley:
a) Por el plazo de VEINTE (20) años las actividades incluidas dentro de la categoría del área de alta riesgo exploratorio.
b) Por el plazo de DIEZ (10) años las actividades incluidas dentro de la categoría del área denominada posible
Artículo 50°: La Provincia podrá adherir en todo momento y en forma transitoria a regímenes promocionales con el objeto de estimular la actividad hidrocarburífera, establecidos por el Estado Nacional en coordinación con éste o en coordinación con otras jurisdicciones provinciales.
Facúltase al Poder Ejecutivo a aceptar y coordinar los regímenes promocionales para la actividad con el Estado nacional u otras jurisdicciones, en especial los cupos fiscales establecidos en la Ley Nº 26.154 o los regímenes que en el futuro se establezcan.


CAPITULO VII
CANON DE EXPLORACION Y EXPLOTACION

Artículo 51°.- El titular del permiso de exploración o concesión de explotación abonará anualmente, por adelantado, el canon por cada kilómetro cuadrado o fracción del área permisionada o concesionada, monto que será determinado por la Autoridad de Aplicación de acuerdo a la reglamentación pertinente. El Poder Ejecutivo Provincial queda facultado para otorgar descuentos sobre los montos que en definitiva se fijen por canon durante el plazo básico de exploración. En todos los casos el beneficio deberá ser determinado con carácter previo al otorgamiento del derecho, y no podrá superar el SETENTA POR CIENTO (70%) del monto fijado por la norma respectiva.

Artículo 52°: Los montos del canon se determinarán por período de permiso o concesión, distinguiendo las prórrogas. En el caso del permiso de exploración, abonará durante el primer año de vigencia por adelantado en Pesos por kilómetro cuadrado, incrementándose ese monto en el porcentual que fije la reglamentación.

Artículo 53°: El canón de exploración podrá ser reajustado, mediante compensación con las inversiones efectivamente, realizadas en la exploración de la fracción remanente, hasta llegar a un canon mínimo que fije la reglamentación, el que será abonado en todos los casos.



CAPITULO VIII
REGALIAS


Artículo 54°: El concesionario de explotación pagará mensualmente al Estado Provincial, en concepto de regalía, un porcentual sobre el producido de los hidrocarburos extraídos en boca de pozo. El cálculo, liquidación y modalidades de percepción serán determinados en cada caso por el Poder Concedente, pudiendo ser establecidos de modo fijo o variable, según productividad, calidad, precio, o considerados como variable de oferta en los instrumentos de otorgamiento de derechos.
Los hidrocarburos que se pierdan por culpa o negligencia del concesionario serán incluidos en el cómputo de la respectiva producción a los efectos tributarios consiguientes, sin perjuicio de las sanciones que fuere del caso aplicar.

Artículo 55°: La Regalía será percibida en efectivo, salvo que NOVENTA (90) días antes de la fecha de pago, la Provincia manifieste su voluntad de percibirla en especie, decisión que se mantendrá por SEIS (6) meses.

Artículo 56°: Los montos que la Provincia recaude en concepto de regalías son inembargables.
Los montos que se recauden en concepto de regalías integran un Fondo Específico para el Desarrollo e Innovación Tecnológica, que se crea por la presente Ley.
El Fondo tendrá autarquía financiera y su objeto es la financiación de los proyectos energéticos y de innovación tecnológica y los servicios asociados y funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo.

Artículo 57°: La producción de gas natural abonará mensualmente, en concepto de regalía, un porcentual de los volúmenes extraídos y efectivamente aprovechados. El cálculo, liquidación y modalidades de percepción será determinada por la reglamentación de la presente Ley.

Artículo 58°: Los interesados podrán ofrecer porcentuales menores, precisando las razones y justificando que las reservas certificadas resultan de una clasificación de un área secundaria, marginal o de frontera o se trate de calidades menores a las de referencia, o la explotación presente inconvenientes técnico- económicos, los que deberán ser evaluados y valuados por la Autoridad Concedente.

Artículo 59°: La Autoridad de Aplicación evaluará la información, y, conforme surja de los planes de inversión ofrecidos y demás información de precio del producto, calidad u otra, informando al Concedente, quien podrá establecer porcentuales menores, hasta un mínimo del CINCO POR CIENTO (5%), o considerar un esquema de movilidad de la percepción.


Artículo 60°: A los efectos del cálculo y liquidación de las regalías se formulan las siguientes definiciones:
I. Hidrocarburos líquidos:
• Petróleo crudo: hidrocarburo extraído del subsuelo que mantiene el estado líquido a presión de 760 Mm. de Hg. y temperatura de 15,6 grados Celsius.
• Gasolina: hidrocarburo extraído del gas natural proveniente de plantas de tratamiento de gas o separadoras, y que se comercializa como hidrocarburo líquido, sola o mezclada con el petróleo.
II. Gas natural: hidrocarburo gaseoso extraído del suelo una vez separada la gasolina, que mantiene ese estado a presión de 760 Mm. de Hg. y temperatura de 15,6 grados Celsius.
III. Producción computable:
a) Para los hidrocarburos líquidos, la que resulta de deducir a la producción total de acuerdo a las normas que fije la autoridad de aplicación:
El agua e impurezas que contengan los hidrocarburos extraídos.
El volumen cuyo uso sea justificadamente necesario para el desarrollo de la exploración y explotación en cualquiera de las áreas en que el concesionario fuere titular de derechos al efecto.
El volumen de la pérdida producida por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobada y aceptada por la autoridad de aplicación, ocurrida durante la extracción de los hidrocarburos o su traslado hasta su lugar de medición.
b) Para el gas natural, los volúmenes que el concesionario vendiere, o cuyo usufructo permitiera a terceros, o cualquier otro volumen efectivamente aprovechado en actividades que no sean necesarias a la explotación
o exploración en cualquiera de las áreas en que aquél fuere titular de derechos regidos por esta Ley. Cuando se tratare de un yacimiento declarado como prevalentemente gasífero por la autoridad de aplicación, se presumirá que el concesionario aprovecha efectivamente la totalidad del gas natural extraído, incumbiendo a éste la prueba de que ha sido empleado en requerimientos propios o se ha perdido por caso fortuito o fuerza mayor. No podrá deducirse como consumo interno el gas que se utilice para generación eléctrica, aunque la energía sea utilizada dentro del yacimiento. Los sistemas de medición aplicables serán determinados por la autoridad de aplicación.
IV. Boca de pozo: a los efectos de la liquidación de las regalías y la determinación del lugar en que el Estado puede percibirlas sin computar costo alguno de transporte, se entenderá por boca de pozo el lugar donde concurran los hidrocarburos de uno o varios pozos, que conformen una unidad de explotación caracterizada por la calidad similar de su producción y donde se puedan efectuar las mediciones en las condiciones técnicas que determine la autoridad de aplicación.
Artículo 61°: El lugar de medición de la producción computable será el siguiente:
• De petróleo crudo: en boca de pozo.
• De gasolina: a la salida de las plantas de tratamiento o separadoras, siempre que no sea incorporada al petróleo crudo.
• De gas natural: donde pueda efectuarse la medición de los volúmenes producidos, luego de la extracción de la gasolina.
Artículo 62°: La autoridad de aplicación podrá requerir a los concesionarios toda otra información vinculada a las transacciones de hidrocarburos que considere necesaria para otorgar transparencia al proceso de determinación de precios.

TITULO III
OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 63°: Los permisionarios y concesionarios instituidos en virtud de lo dispuesto en los Capítulos II, III, y IV, del título II de esta Ley, a los efectos del ejercicio de sus atribuciones, tendrán los derechos acordados por el Código de Minería en los Artículos 42° y siguientes, 48° y siguientes, y concordantes de ambos, respecto de los inmuebles de propiedad fiscal o particular ubicados dentro o fuera de los límites del área afectada por sus trabajos. Las pertinentes tramitaciones se realizarán por intermedio de la autoridad de aplicación, debiendo comunicarse a las autoridades mineras jurisdiccionales, en cuanto corresponda, las resoluciones que se adopten. La oposición del propietario a la ocupación misma o su falta de acuerdo con las indemnizaciones fijadas, en ningún caso será causa suficiente para suspender o impedir los trabajos autorizados, siempre que el concesionario afiance satisfactoriamente los eventuales perjuicios.
Artículo 64°: El mismo derecho será acordado a los permisionarios y concesionarios cuyas áreas se encuentren cubiertas por las aguas de ríos, lagos o lagunas, con respecto a los terrenos costeros colindantes con dichas áreas o de la costa más cercana a éstas, para el establecimiento de muelles, almacenes, oficinas, vías de comunicación y transporte y demás instalaciones necesarias para la buena ejecución de los trabajos.
Artículo 65°: Constituyen obligaciones de permisionarios y concesionarios, sin perjuicio de las establecidas en el título II:
a) Realizar todos aquellos trabajos que por aplicación de esta Ley les corresponda, observando las técnicas más modernas, racionales y eficientes.
b) Adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños a los yacimientos, con motivo de la perforación, operación, conservación o abandono de pozos, dando cuenta inmediata a la autoridad de aplicación de cualquier novedad al respecto.
c) Evitar cualquier desperdicio de hidrocarburos; si la pérdida obedeciera a culpa o negligencia, el permisionario o concesionario responderá por los daños causados al Estado Provincial o a terceros.
d) Adoptar las medidas de seguridad aconsejadas por las prácticas aceptadas en la materia, a fin de evitar siniestros de todo tipo, dando cuenta a la autoridad de aplicación de los que ocurrieren.
e) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de los cursos de aguas superficiales y acuíferos, el recurso suelo y la calidad del aire. Evitar o minimizar perjuicios a las actividades agropecuarias, a la pesca, como así también a toda actividad productiva que coexista con la actividad petrolera.
f) Cumplir las normas legales y reglamentarias nacionales, provinciales y municipales que les sean aplicables.
g) Denunciar los mantos de agua que se hallaran en los pozos de exploración, extensión y avanzada.
Artículo 66°: Los permisionarios y concesionarios suministrarán a la autoridad de aplicación en la forma y oportunidad que ésta determine, la información primaria referente a sus trabajos y, asimismo, la demás necesaria para que cumpla las funciones que le asigna la presente Ley.
Artículo 67°: Quienes efectúen trabajos regulados por esta Ley contemplarán preferentemente el empleo de ciudadanos argentinos en todos los niveles de la actividad, incluso el directivo, y en especial de los residentes en la Provincia de Buenos Aires. La proporción de ciudadanos nacionales referida al total del personal empleado por cada permisionario o concesionario no podrá en ningún caso ser inferior al setenta y cinco por ciento (75%), la que deberá alcanzarse en los plazos que fije la reglamentación o los pliegos. Igualmente capacitarán al personal bajo su dependencia en las técnicas específicas de cada una de sus actividades.

TITULO IV
CADUCIDAD


Artículo 68°: Los permisos o concesiones caducan por:
a) Falta de pago de una anualidad del canon respectivo tres (3) meses después de vencido el plazo para abonar el mismo.
b) Falta de pago de las regalías tres (3) meses después de vencido el plazo para abonarlas.
c) Incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones emergentes de los permisos, concesiones o acuerdos, entre las que deben incluirse inversiones, productividad, trabajos, pericia técnica y protección del ambiente.
d) Falta de cumplimiento de la obligación de denunciar que el yacimiento es explotable y de la presentación de los programas de desarrollo y compromisos de inversión exigidos o comprometidos para cada período.
e) Incumplimiento de los plazos para las notificaciones de descubrimiento de hidrocarburos o minerales e información hídrica que establece la presente ley.
f) Presentación en concurso de acreedores o quiebra del titular o uno de los miembros de una asociación de empresas.
g) Incumplimiento de otorgar acceso abierto a la capacidad de almacenaje o transporte cuando sea legal o contractualmente exigido, o exigir tarifas sobre las aprobadas regulatoriamente.
h) Por fallecimiento del titular si es persona física, a excepción que sus sucesores reúnan los requisitos exigidos para ser titular.
i) Por la omisión de denunciar o presentar la información que sea exigible conforme la presente ley y su reglamentación.
En los casos enumerados precedentemente, a excepción de los establecidos en los incisos f) y h) la Autoridad de Aplicación deberá intimar la subsanación del incumplimiento por el plazo que establezca la reglamentación, bajo apercibimiento de declarar sin más, la caducidad del derecho, todo ello sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder.
j) Falta de pago de los impuestos provinciales.





Artículo 69º: Comprobada la causal de caducidad o nulidad con el debido proceso legal, el Poder Ejecutivo dictará la pertinente resolución fundada.



TITULO V
PODER CONCEDENTE Y
AUTORIDAD DE APLICACIÓN


Artículo 70°: El Poder Ejecutivo será el Concedente de los derechos previstos en la presente Ley sobre los recursos hidrocarburíferos.

Artículo 71º: La Autoridad de Aplicación de la presente ley será el Ministerio de Infraestructura.

Artículo 72º: Son funciones de la Autoridad de Aplicación:
a) Coordinar la Política hidrocarburífera provincial, con la de las restantes Jurisdicciones Provinciales y con la Nación u otros organismos.
b) Entender en la propuesta y el control de la Política Provincial de hidrocarburos, referente a la promoción de su exploración, explotación, industrialización y transporte.
c) Proponer al Concedente las áreas en las que se pretende promover las actividades regidas por la presente ley, determinando superficies de las mismas, de corresponder.
d) Llevar adelante los procedimientos de otorgamiento de permisos de exploración, concesiones de explotación, transporte, almacenaje o actividad relacionada con la presente ley. Las condiciones de otorgamiento serán establecidas por el Poder Ejecutivo.
A los efectos del otorgamiento de los permisos de exploración y concesiones de explotación, transporte y almacenaje será la Autoridad de Aplicación quien procederá a efectuar los procedimientos elevando al Poder Ejecutivo el trámite para el otorgamiento del derecho.
e) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de los titulares de derecho.
f) Proveer las soluciones de los diferendos que se presenten entre propietarios superficiarios y titulares de los derechos, fijar compensaciones y modificarlas.
g) Ejercer el Poder de Policía en todas las etapas de la actividad regladas por la presente ley.
h) Intervenir en la promoción, supervisión y control de la explotación racional de los recursos hidrocarburíferos y de la protección del ambiente en todas las etapas de la actividad de los hidrocarburos que se regula por la presente ley.
i) Aprobar los programas y los compromisos de inversión y realizar su seguimiento.
j) Aprobar los planes técnicos, económico-financieros y compromisos de inversión de modo previo al inicio de las tareas, en cada una de las etapas de la actividad.
k) Impulsar los procedimientos sancionatorios, de caducidad, nulidad de permisos y concesiones, cuando así correspondiere. El acto administrativo que determine la caducidad, nulidad o extinción del derecho, debe provenir de la misma autoridad que otorgó el derecho.
l) Efectuar la verificación y control de las declaraciones juradas presentadas por las empresas productoras de hidrocarburos para la liquidación y pago de regalías, determinar las diferencias, efectuar los reclamos y ejercer las acciones que correspondieren.
m) Proponer el dictado de reglamentaciones para el ejercicio de su competencia en materia de hidrocarburos.
n) Efectuar la liquidación y percibir el canon de exploración y explotación.
ñ) Entender en el trámite para la constitución de servidumbres y promover medidas protectoras de los derechos de los superficiarios.
o) Asistir al Poder Ejecutivo en materias de su competencia.
p) Elaborar y mantener actualizada la Base de Datos de la documentación técnica y económica que exista respecto de los hidrocarburos en la Provincia, reservas, seguimiento de la evolución de las actividades y las variaciones de las mismas. El mismo será de carácter público en los términos de la normativa vigente. Los datos primarios de exploración, explotación, transporte y su respectiva documentación técnica y estadística de las áreas y yacimientos provinciales estarán bajo su custodia.
q) Solicitar la información clasificada, debiendo garantizar el resguardo de confidencialidad.
r) Toda otra acción inherente al desarrollo de la actividad.



TITULO VI
CESIONES
Artículo 74°: Los permisos y concesiones acordados en virtud de esta Ley pueden ser cedidos, previa autorización del Poder Ejecutivo Provincial, en favor de quienes reúnan y cumplan las condiciones y requisitos exigidos para ser permisionarios o concesionarios, según corresponda. La solicitud de cesión será presentada ante la autoridad de aplicación, acompañada de la minuta de escritura pública.
Artículo 75°: Los concesionarios de explotación podrán contratar préstamos bajo la condición de que el incumplimiento de tales contratos por parte de ellos importará la cesión de pleno derecho de la concesión en favor del acreedor. Dichos contratos se someterán a la previa aprobación del Poder Ejecutivo Provincial, la que sólo será acordada en caso de garantizarse satisfactoriamente el cumplimiento de las condiciones exigidas en el Artículo 74°.
Artículo 76°: Los escribanos públicos no autorizarán ninguna escritura de cesión sin exigir del cedente una constancia escrita de la autoridad de aplicación, acreditando que no se adeudan tributos de ninguna clase por el derecho que se pretende ceder. Tal constancia, y el decreto que la autorice en copia auténtica, quedarán incorporados en el respectivo protocolo.



TITULO VII
SANCIONES Y RECURSOS


Artículo 77°: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emergentes de los permisos y concesiones que no configuren causal de caducidad automática ni sea reprimido de distinto modo, será penado por la Autoridad de Aplicación con apercibimiento y multa que, de acuerdo con la gravedad e incidencia del incumplimiento de las actividades respectivas, oscilarán entre el valor de una (1) a mil (1000) Salarios mínimos de la Administración Pública bonaerense. Estas sanciones serán aplicadas conforme la reglamentación y el valor de la misma serán establecidos en los respectivos instrumentos de otorgamiento del derecho.




Artículo 78º: El incumplimiento de las obligaciones por parte de los oferentes, permisionarios o concesionarios, facultará a la Autoridad de Aplicación, en todos los casos a inscribir el apercibimiento firme o proceder a la suspensión o eliminación del Registro a que se refiere el artículo 45º, conforme la reglamentación. Estas sanciones no enervarán otros permisos o concesiones de que fuera titular el causante.
La aplicación de tres (3) apercibimientos, consecutivos o no, importará la aplicación de una multa.

Articulo 79°: Cuando la sanción sea de carácter pecuniario, la misma deberá ser abonada dentro de los diez (10) días de notificada.
El pago dará derecho al permisionario o concesionario a promover recurso ante el superior jerárquico. A esos efectos será de aplicación el Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, DECRETO-LEY 7647/70 (Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por la Ley 13262 y 13708).
La certificación por parte de la Autoridad de Aplicación de la falta de pago en tiempo y forma de las sanciones es título ejecutivo suficiente y bastará para iniciar el procedimiento de ejecución sin perjuicio de otras sanciones que pudieren corresponder.

Artículo 80º: Con la declaración de caducidad a que se refiere el articulo 68° de la presente ley, se tendrá por satisfecho el requisito del agotamiento de la instancia administrativa y el interesado podrá recurrir ante la Autoridad Judicial competente, sin posibilidad de la opción prevista en el artículo 86º de la Ley 17.319.



TITULO IX
POLITICA DE HIDROCARBUROS


Artículo 81º: Plan de Hidrocarburos Provincial. El Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad de Aplicación, efectuará un Plan a los fines de promover la exploración de hidrocarburos en el territorio provincial. Los datos primarios que existan o se obtengan deberán integrar la Base de Datos, que a tal fin se crea en el ámbito de la Autoridad de Aplicación.
La Base de Datos contendrá toda la información geológica y geofísica, muestras, antecedentes y demás información relacionada con las actividades que se regulan por la presente ley.
La misma deberá ser mantenida y actualizada con la información que proporcionen los permisionarios, concesionarios, otros organismos y terceros.

Artículo 82º: Facúltase a la Provincia, en caso que se produzcan descubrimientos, a participar asociada al descubridor con un porcentual de lo que extraiga, el que deberá estar previamente determinado por el instrumento que le dio origen al derecho de concesión otorgado o, en su caso, que sea considerado una variable de oferta en el pliego licitatorio respectivo.
Asimismo facúltase al Poder Ejecutivo a encomendar a una empresa provincial creada y que así lo autoricen sus estatutos, o a crearse, a desarrollar actividades de exploración y explotación en las zonas que el Estado Provincial reserve a su favor, directamente o mediante contrato de locación de obra o de servicios, integración o formación de sociedades y demás modalidades de vinculación con personas físicas o jurídicas públicas o privadas que autoricen sus estatutos.






TITULO X
OBSERVATORIO DE HIDROCARBUROS

Artículo 83º: Créase en el ámbito de la Autoridad de Aplicación el Observatorio de Hidrocarburos, el cual estará integrado por miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y representantes de las Asociaciones Sindicales de Trabajadores con personería gremial y Cámaras Empresariales vinculados al sector de los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos. El número de integrantes por sector será determinado por vía reglamentaria, debiéndose respetar los principios de equidad, transparencia y proporcionalidad. Sus miembros se desempeñarán “Ad honorem”.
El Observatorio de Hidrocarburos tendrá las siguientes atribuciones:
a) Realizar estudios e investigaciones que permitan un integral asesoramiento y capacitación a la Autoridad de Aplicación en cuanto a la política a desarrollar en materia de hidrocarburos y en materia tributaria referida a la actividad.
b) Estudiar y analizar los planes de exploración, explotación y desarrollo, como así también las obras, su funcionamiento y efectos socioeconómicos.
c) Realizar estudios evaluando y declarando el impacto ambiental de los programas ejecutados y a ejecutar.
d) Centralizar la información existente y futura en relación a la actividad.
e) Proporcionar la información que sea requerida por la Autoridad de Aplicación.

TITULO XI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS


Artículo 84º: La Provincia reconoce al Estado Nacional su competencia en la formulación de políticas nacionales en materia de hidrocarburos conforme Ley Nº 17.319.
Sin perjuicio de ello, la Provincia asume en forma plena la jurisdicción y el dominio sobre los recursos, su titularidad y los derechos derivados del dominio en un todo de acuerdo con la ley nacional Nº 26.197.

Artículo 85º: La presente ley deberá ser reglamentada dentro del plazo de 180 días desde la promulgación de la presente.

Artículo 86º: De forma.-









FUNDAMENTOS


La reforma constitucional de 1994 efectuó algunos agregados en la Carta Magna al título denominado "Gobiernos de Provincia", siendo el mas significativo el nuevo art. 124, que además de establecer las facultades de crear regiones para desarrollo económico y social y de celebración de convenios internacionales compatibles con la política exterior nacional, reza en su último párrafo lo siguiente “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Este párrafo fue incluído como respuesta a inveterados reclamos provinciales sobre la inconstitucionalidad de las leyes de pesca e hidrocarburos, en las cuales existía en opinión de distintos especialistas una extralimitación del gobierno federal en desmedro de los poderes no delegados por las provincias.

Las discusiones plasmadas en el Diario de Sesiones de la Convención Constituyente en relación al último párrafo del art. 124, si bien no resultan precisamente clarificadoras del concepto de dominio originario, contienen interesantes aportes y enfoques. Cabe señalar que con escasas excepciones, los convencionales intervinientes provenían de provincias patagónicas y las disertaciones estuvieron referidas a los recursos sobre los cuales la Nación había declarado el dominio público nacional, como el petróleo o bien se reservaba una administración prácticamente exclusiva, tal era el caso de los recursos pesqueros.

Resultan interesantes e ilustrativas las disertaciones en lo relativo a los reclamos sobre hidrocarburos y recursos pesqueros, al alcance de las facultades concurrentes del gobierno federal y al concepto de dominio originario.

En este sentido, el convencional chubutense Ferreyra de las Casas expresaba “Hace ochenta y siete años que el petróleo es nuestro y recién ahora se lo reconoce en la Constitución. La Nación accedió a los yacimientos de hidrocarburos por medio de una legislación manifiestamente inconstitucional”... “La ley 17.500 estableció que los recursos del mar hasta la distancia de doscientas millas pertenecen a la Nación. No hay fundamento jurídico ni constitucional para sostener esa postura., espacio aéreo y mares territoriales que bañan sus costas."

Otros convencionales no advierten innovación alguna con respecto sobre el alcance del concepto dominio originario. Arellano expresó que “no ocurrió lo mismo con el tratamiento del tema de la propiedad y del dominio que ejercen las provincias sobre los recursos naturales. Desde mi punto de vista no se ha innovado en absoluto en esa materia”, en tanto Fernández de Kirchner menciona “Entendemos que la mención que se hace en el dictamen de mayoría, es una óptica light -por llamarlo de alguna forma-, con respecto al dominio de los recursos. Repite la fórmula del Código Civil; no modifica absolutamente nada”.

El convencional Kirchner, manifestó “En cuanto a la cláusula de los recursos naturales, no sé cuáles serán los intereses que impiden que las provincias tengan los derechos originarios de esos recursos. No sé qué problema existe para que nosotros tengamos una participación en la administración”.
Nuevamente, el concepto es asociado como participación en la administración o ejercicio de poder de policía. Este convencional, a su vez especifica en que aspectos sería necesario el control conjunto, expresando “Se trata de tres cuestiones fundamentales: el impacto económico, el impacto ecológico y terminar con la tarea de esquilme permanente a la que hemos sido sometidos”.

Similares conceptos vuelca Fernández de Kirchner al manifestar “...el dominio y la administración conjunta de los recursos, fundamentalmente esta última, entre Nación y provincias, no lo conceptualizamos justamente desde una visión rentística, de obtener regalías a la manera de hidrocarburos, sino que también lo encaramos porque esto incide directamente en las políticas de empleo y en la economía de nuestras provincias”.
El proyecto que se somete a consideración sigue los lineamientos jurídicos del marco de la Ley nacional Nº 17.319/1967, ratifica los mismos, incorporando los conceptos de los Decretos PEN Nº 1055, 1212 y 1589/89, ratificados por la Ley nacional Nº 24.145 y finalmente, el reconocimiento de la pleno dominio y disponibilidad por parte de la ley nacional Nº 26.197 o “ley corta”. La razón por las que se utiliza el marco existente es porque todos los actores y potenciales inversores lo conocen y es un marco lo suficientemente flexible que puede adaptarse a la realidad provincial, a pesar de que otras legislaciones contienen herramientas más modernas, que se consideran en el actual proyecto, respetando el marco nacional, de modo de garantizar la simetría necesaria entre las jurisdicciones pero para crear un marco de incentivos moderno y acorde a las necesidades provinciales.
Avanza el proyecto en dos puntos que están relacionados con la gestión de los recursos. El primero, relacionado con la gestión de la información, estableciendo la creación de una base de datos de hidrocarburos, que es el paso inicial que permite la determinación de áreas y el llamado a concurso de las mismas para otorgar derechos de exploración, y su posterior análisis y seguimiento, de modo que las decisiones sean más ajustadas a la realidad técnico-geológica de las áreas en cuestión, de modo de garantizar a la Provincia que tenga asegurado el recurso, las reservas y tenga conocimiento y analizada la información existente. Esta herramienta es de vital importancia para la toma de decisiones.
Es conveniente y necesario que quien resulte ser la Autoridad de Aplicación del recurso ordene, maneje y controle la información relevante del territorio provincial y sus potencialidades. Esa información, normalmente tiene distintos grados de clasificación respecto de la confidencialidad, según el origen, previéndose la desclasificación y el acceso irrestricto con el paso del tiempo. Asimismo el proyecto promueve la desclasificación automática de la información hidrogeológica, pues conocer el recurso hídrico subterráneo es de vital importancia para la Provincia.
La segunda, relacionada con un vacío legal respecto de la actividad de reconocimiento superficial y del manejo territorial de superficies sin información geológica o geofísica, que hacen imposible la valorización y determinación del riesgo exploratorio. La legislación nacional no prevé derecho alguno respecto de la etapa de reconocimiento superficial o en el territorio sin información. Este vacío legal era razonable en un marco de gestión estatal e integrada de los recursos, pero al desregularse la actividad y trasladarse la actividad hacia áreas marginales, es razonable que quien hace un esfuerzo económico inicial de efectuar estudios de reconocimiento superficial e integración de información primaria tenga prioridad, en igualdad de condiciones, en la etapa de obtención de permisos de exploración y derechos sobrevivientes a un descubrimiento.
Por ello, siguiendo las modalidades de otros plexos jurídicos latinoamericanos más modernos, se introduce la actividad preparatoria o la de obtención de información, permitiendo que quien realiza esa actividad de altísimo riesgo, pueda acceder a obtener la prioridad en igualdad de condiciones, en cuanto a los permisos de exploración y eventualmente recuperar parte del costo de la obtención de la información.

En materia ambiental y a diferencia de la legislación nacional, se incorporan los principios ambientales aceptados por la Ley General del Ambiente. Se considera la obligación del titular de los derechos de efectuar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, debiendo estar aprobado de modo previo al inicio de las actividades en cada una de las etapas del proceso de reconocimiento, exploración y explotación. Esta propuesta tiene como base que del patrimonio provincial no debe afectar la sostenibilidad del desarrollo.
En el entendimiento que toda actividad exige un marco jurídico y la expresión de la voluntad del Estado, ya que hace a la creación de un marco de previsibilidad y seguridad jurídica que permite alentar inversiones de capital intensivo y a largo plazo, solicito a los señores legisladores sea considerado el presente proyecto.
 
 
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